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El drama de los desahucios: 50.000 sin techo pero 1,3 millones de viviendas vacías.

2 de abril de 2012 283 visitas

Fuente de la noticia: elEconomista.es


Acción contra un desahucio. (Archivo)

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha asegurado que no permanecerá "impasible" mientras las administraciones públicas tengan "miles" de viviendas en propiedad vacías o infrautilizadas y haya numerosos ciudadanos que no pueden ni siquiera acceder a una.

En un momento en que los desahucios tienen peor fama que nunca, y más después de conocerse que el año 2011 hubo un récord de desalojo de personas por imposibilidad de pago de su vivienda, la denuncia social a través de plataformas como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), StopDesahucios e incluso el movimiento 15-M ha pasado a un primer plano.

En el informe del Defensor del Pueblo 2011, año en el que se llevaron a cabo 58.241 procedimientos (un 22% más que el año anterior), se recuerda que la institución no puede intervenir en el caso de las viviendas propiedad de particulares, pero sí puede hacerse eco de las denuncias relativas a las "viviendas de propiedad pública".

Por ello, considera oportuno iniciar con las comunidades autónomas sendas investigaciones de oficio para recabar información sobre el número concreto de VPP (Viviendas de Promoción Pública) que están desocupadas, así como sobre la existencia de un registro sobre la situación de cada casa y las medidas para que puedan ser ocupadas por quienes lo necesitan.

Entre 30.000 y 50.000 personas sin techo.

Entre las comunidades que han contestado a dicha petición destaca el caso de Cataluña, donde a septiembre de 2011 había 3.264 VPP vacías.

Según datos del informe, en España hay actualmente entre 30.000 y 50.000 personas sin techo y cientos de miles que habitan en "infraviviendas" o en casas en condiciones muy deficientes. Todo ello sin contar los problemas de aquellas familias que se enfrentan a un inminente desahucio.

A pesar de ello, en nuestro país hay alrededor de 1,3 millones de viviendas vacías, 600.000 terminadas y no vendidas, 300.000 en construcción y casi 400.000 paradas, señala Cava de Llano, quien critica además que en este contexto social y económico los hogares tengan que destinar el 30 % de su presupuesto a la vivienda.

"No es admisible que se tenga que dedicar a la vivienda un monto tan elevado de ingresos en detrimento de los que se podría destinar a la educación de los hijos, a la protección de la salud o al desarrollo personal y familiar", sostiene la Defensora del Pueblo.

"Remover obstáculos"

Por otro lado, lamenta que no se cumpla el objetivo de atender las necesidades de vivienda pública o de carácter social y que su oferta sea muy escasa ante las restricciones presupuestarias.

Una realidad que se produce en un contexto en el que la demanda de vivienda de promoción pública ha experimentado una "considerable" alza a consecuencia de la crisis económica, el paro, la reducción de los ingresos o la importante restricción del crédito por parte de la banca.

Por ello, exige a los poderes públicos que "remuevan los obstáculos" para garantizar una vivienda digna y adecuada a quien la necesita y no puede obtenerla, al tiempo que subraya que el comportamiento de algunas entidades financieras en este sentido "no parece que se ajuste plenamente al ordenamiento jurídico".

Para paliar esta situación, reclama políticas eficaces y activas que determinen la necesidad real de vivienda, recaben información sobre aquellas desocupadas u ocupadas con la colaboración de las comunidades autónomas y luchen contra el fraude que se da en los pisos de promoción pública.

En su informe, Cava de Llano alerta además del número de quejas que han recibido sobre la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un organismo que el Gobierno decidió eliminar recientemente ante sus elevadas pérdidas.

En este sentido, las reclamaciones denunciaban, entre otros aspectos, la modificación de los contratos, el incumplimiento de las condiciones o el retrasos en la devolución de las finanzas.

Además, denuncia que muchas viviendas, pese a tener licencia de primera ocupación, no tienen garantizada la prestación de servicios básicos, la pasividad de algunos ayuntamientos en temas de conservación, la escasa coordinación entre administraciones o las quejas sobre el retraso en el abono de la renta básica de emancipación.


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